En la Argentina el sector privado de la salud crece sin prisa, pero sin pausa, en la captación de nuevos afiliados de la mano de las obras sociales, que actúan como principales financiadores y socios directos en muchos casos de las entidades prestadoras de servicios médicos.
El mayor de ellos es el de las obras sociales sindicales nacionales y provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados, respectivamente, entre las cuales manejaron durante 2009 la cifra de $29.072 millones. Por otra parte el PAMI, siempre con los datos de 2009, atendió a 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados y movió $9.181 millones.
Mientras el retraso en las tarifas (actualmente bajo control de la Secretaría de Comercio Interior) es el reclamo coyuntural más escuchado, el Programa Médico Obligatorio (PMO) es el blanco estratégico hacia donde se disparan las críticas.
Para poner en el contexto las cifras, vale decir que el gasto total del país en salud fue de $102.000 millones y que más de 17 millones de personas, el 43% de la población, queda fuera de las coberturas mencionadas anteriormente y dentro de la atención pública (hospitales estatales), que manejó sólo el 28% del total de los recursos. En 2007 ese porcentaje era aún mayor, un 45%, lo que indica el avance del sector privado, especialmente a través de la afiliación a obras sociales.
Según el informe de la consultora, durante 2009, el valor de un plan promedio para una persona de hasta 30 años rondó los $330 mensuales, mientras que para una familia estuvo alrededor de los $956 por mes.
Esto se debe a que «los precios promedio de los planes no evolucionan exactamente como la curva de los aumentos autorizados debido a que se agregan e informan planes de menor punto de precio (incluyen copagos, etc) a los que efectivamente son contratados por la población», aclara el estudio de Key Market.
Entre los problemas del sector menciona «la acrítica incorporación de nuevas tecnologías y medicamentos al mercado sin una adecuada regulación de la obligación de cobertura» y el retraso en el pago de reintegros de la APE a las obras sociales. Sugiere que el Estado debe hacer una amplia convocatoria para definir los límites de obligaciones de cobertura.
Desde otra óptica, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, dice que la gente percibe que las empresas de medicina prepaga cobran cuotas muy caras porque hay una superposición de roles confusos según los cuales el sector privado estaría reemplazando o compensando carencias del sistema público.
Belocopitt considera que «lo que hay que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos, el sistema debe ser público. El sector privado puede dar lo adicional: atender o brindar mejor hotelería, siempre hay quien va a querer algo diferente. Deberíamos tener usuarios que contraten el servicio porque les guste y no porque no tienen más opción».
Asi mismo aseguro «lo que hay que resolver es garantizar el derecho a la salud para todos, el sistema debe ser público. El sector privado puede dar lo adicional: atender o brindar mejor hotelería, siempre hay quien va a querer algo diferente. Deberíamos tener usuarios que contraten el servicio porque les guste y no porque no tienen más opción».
Las 15 primeras obras sociales representan el 54% del total de los afiliados a este tipo de obra social (incluye obras sociales de dirección y obras sociales sindicales).
Las diez principales obras sociales representan el 46% de este tipo de cápitas. Entre las principales se encuentran OSECAC (Empleados de comercio), OSPRERA (Personal rural y estibadores) y OSPECOM (Personal de la construcción).
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