Fuertes cuestionamientos a la nueva ley de medicina prepaga

Jueces, especialistas y profesionales de la salud debatieron sobre el tema. Advirtieron que la norma no soluciona los problemas de la «industria del juicio». Y plantearon serias dudas sobre el nuevo esquema legal.

Jueces y especialistas advirtieron que la nueva ley de regulación de la medicina prepaga no solucionará los problemas de amparos y litigiosidad que soporta el sistema sanitario, y que sumando distintas variables absorbe casi el 20 por ciento del gasto anual en salud, a partir de la contratación de onerosos seguros y del alto costo de la medicina defensiva.
En el cierre del XIV Congreso Argentino de Salud realizado en Mar del Plata, se plantearon fuertes quejas sobre la nueva ley de medicina prepaga, en especial porque los especialistas consideran que no aporta soluciones a un problema de fondo: la litigiosidad indebida.
Lo que se conoce como medicina defensiva consiste en la prescripción médica de más estudios de los necesarios para cubrirse ante eventuales demandas, e insume el 20% del gasto en salud, que ronda los 40.000 millones de dólares.
Así, este mecanismo distorsivo le puede llegar a costar unos 8.000 millones de dólares anuales al sistema de salud, fondos que «podrían destinarse a mejorar la atención de la salud de los pacientes», según sostienen los especialistas.
El 5% de esa cifra se destina exclusivamente a atender juicios y demandas, mientras que el resto se gasta en estudios «excesivos» para evitar demandas posteriores, «pero también en contratar seguros y utilizar costosa aparatología no siempre necesaria, sólo porque el paciente lo exige y presiona al médico», afirman los expertos.
El médico Carlos Salgueiro, asesor de OSDE, advirtió que la nueva ley de medicina prepaga «no resolverá el tema de fondo de los amparos». En esa línea también se expresó la jueza nacional en lo Civil Lily Flah, quien rescató que si bien la norma puede bajar el nivel de «medidas cautelares», no determina «las formas de litigiosidad y el tiempo para resolver cada uno de los casos» que llegan a manos de los jueces.
«La ley mantiene zonas grises y no aclara si habrá modificaciones en su reglamentación y cuál será el rol del Estado en este punto», lamentó la magistrada. Y admitió: «No soy optimista con esta norma, aunque reconozco que habrá amparos automáticos en temas de escasos recursos, peligro de muerte y de edad avanzada».
Estas advertencias se pronunciaron en el marco de las conclusiones de la jornada de «Litigiosidad indebida» que se realizó previamente al XIV Congreso Argentino de Salud, y tuvo una amplia convocatoria en sus mesas de debates.
El especialista Hugo Magonza, secretario de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), alertó que los juicios por mala praxis tienen «efecto nocivo y de gran magnitud en el sistema de salud».
Magonza estimó que el 20% de los presupuestos de salud se desvían a la denominada «medicina defensiva», fondos que médicos y clínicas deben destinar para contratar seguros, estudios que «podrían evitarse» y se hacen para impedir que el médico sea demandado.
La mala praxis fue uno de los temas que se debatieron en el Congreso. Según dijeron los organizadores, el monto total de las demandas que se inician por mala praxis ya supera en la Argentina los 10.000 millones de pesos anuales, casi el 1% del gasto total en salud, y además crecen a un ritmo mayor que los fondos destinados al sistema de atención pública y privada.
Respecto a la situación laboral de los doctores, diversos especialistas plantearon en el Congreso las «malas condiciones» en las cuales muchas veces deben desempeñar sus tareas. «Hay una pérdida del rol del médico en la sociedad. Se evidencia en agresiones y efectos físicos contundentes en muchos de ellos con crecimiento en el cuadro de infartos y situaciones de salud irreversibles», plantearon.